El 2018 fue un año intenso para el sector financiero andorrano, entre otras razones por la intensa labor que comportó la transposición de las normas integradas en el denominado «paquete CRD IV», formado en primer lugar por la Directiva 2013/36/ UE relativa al acceso a la actividad de las entidades bancarias y a la supervisión prudencial de las entidades bancarias y las empresas de inversión (CRD IV) y por el Reglamento UE n.o 575/2013 (CRR) y, en segundo lugar, por decretos de transposición de actos delegados y de ejecución de la Comisión Europea y por comunicados técnicos del supervisor andorrano, la Autoridad Financiera Andorrana.
El objetivo de la Ley 35/2018, del 20 de diciembre, de solvencia, liquidez y supervisión prudencial de entidades bancarias y empresas de inversión es fortalecer la resiliencia del sector bancario y financiero andorrano para situarlo en una posición mejor en caso de crisis económicas, así como garantizar que las entidades bancarias sigan financiando la actividad económica y el crecimiento económico con unos recursos propios adecuados. Desde el punto de vista de la liquidez y la financiación, la voluntad de la Ley es garantizar que las entidades cuenten con colchones de liquidez suficientes para hacer frente a posibles tensiones en los mercados, como también disponer de una estructura de balance que no descanse excesivamente en la financiación a corto plazo.
Dicha Ley no se limita a la supervisión continuada de la solvencia y la gestión de riesgos de las entidades, sino que regula también el régimen de supervisión, el acceso a la actividad por parte de las entidades bancarias, los requisitos de idoneidades de la alta dirección y de los accionistas con participación cualificada, así como los requisitos de un gobierno corporativo reforzado.